Cuando un gobierno llega al poder haciendo promesas "celestiales", pero a la hora de la verdad acaba ejerciendo en favor de las grandes oligarquías dominantes, se produce una profunda ruptura entre la casta política gobernante y el pueblo al que estos dicen representar, llegando éste último en consecuencia a sentirse engañado, utilizado, manipulado y ultrajado. En ese momento surge una creciente tensión y alarma social que va incrementándose exponencialmente con cada nuevo decreto de un gobierno que no tiene ningún escrúpulo a la hora de recortar en servicios públicos, pero que sin embargo sí que mantiene bastante cautela con las poderosas instituciones que casualmente les brindan más apoyo, como la Iglesia Católica, la banca, o la Casa Real.
Ante los continuos atropellos de los derechos laborales y civiles de los que son víctima los ciudadanos en favor del enriquecimiento de una porción muy pequeña de poderosos dirigentes, es inevitable que el malestar social se extienda rápidamente y que los ciudadanos empiecen a reflexionar y organizar planes de desobediencia y resistencia civil.
La minoría dominante, consciente del crecimiento de la alarma social, influye y utiliza su brazo político para legislar en su favor y criminalizar todo tipo de acción contestataria por parte de la ciudadanía. Además, utilizan su control mediático para legitimar estas actuaciones ante una manipulada opinión pública. Eso es lo que en este momento está sucediendo en España. El Partido Popular llegó al gobierno pregonando tener "la solución a la crisis", prometiendo la creación masiva de empleo para todo el mundo, y jurando y perjurando que no tocarían ni las ayudas para la dependencia, ni la sanidad ni la educación pública. Pero en esta pseudodemocracia ya estaba muy asentada la cultura de la promesa vacía, la de "regalarle el oído" al votante para conseguir su voto, y aprovecharse de esa soberanía una vez en el poder para moldear la ley al antojo de unos cuantos privilegiados, y por supuesto, para rapiñar de ese goloso pastel que es el dinero público.
Hace poco lo dijo uno de los diputados del Partido Popular: "Ya no estamos en campaña, es hora de decir lo que realmente pensamos." En alusión al mantenimiento de la sanidad y la educación universal, pública y gratuita, lo que tildó, nada más y nada menos, que de "utopía".
En otras circunstancias, digamos, de menor presión internacional y menos prisas, el gobierno actual habría introducido sus políticas de forma más suave, más progresiva, mientras que haría pequeñas concesiones para mantener conforme y calladito al populacho. Pero en el contexto actual, los únicos poderes a los que se doblega el gobierno del Partido Popular (los mercados, el FMI y el BCE) tienen un hambre voraz de recortes en políticas sociales y en derechos civiles, les urgen las prisas para conservar su posición dominante cuando estamos asistiendo al colapso del sistema capitalista a nivel global. En este contexto, las políticas feudalistas que exigen los mandamases del gran capital no pueden esperar, y fruto de ello tenemos en España, en solo 100 días de gobierno, una reforma laboral que solamente ha contado con el apoyo de los únicos beneficiados (los grandes empresarios), una reforma del sistema financiero absolutamente estéril, recortes abusivos en todos los sectores clave para el desarrollo y mantenimiento de la sociedad, entre ellos educación, sanidad y cultura, recorte en el presupuesto para políticas de creación de empleo (a pesar de repetir como loros que su mayor enemigo es el desempleo), mientras que los recortes en los sectores más privilegiados como la Casa Real, la Iglesia o Defensa son ridículos o sencillamente inexistentes.
