La ética es criminalizada mientras el lucro es bendecido

Así de simple. En un reaccionario estado capitalista como España, la ética y los valores son violados constantemente por la propia legalidad vigente mientras el lucro, la codicia y el hurto encubierto (y muchas veces no tan encubierto) son alabados y considerados socialmente como "lo normal", aunque no sea políticamente correcto expresarlo públicamente, al menos de esa manera.

Esto se puede observar con bastante claridad en estos días a causa del enorme revuelo mediático formado en torno al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder del CUT-BAI, alcalde del municipio de Marinaleda y diputado por Sevilla en el parlamento andaluz, que hace unos días "tomaban" un Mercadona en Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), de los que extrajeron varios carros con artículos de alimentación para repartirlos a bancos de alimentos, acto por el que están siendo perseguidos por las fuerzas represivas del estado y objeto de un brutal asedio mediático de los principales medios del régimen.

A por un frente de unidad anticapitalista

La tormenta no para. Si la situación económica de España es ya de por sí más que lamentable, lo único que hace falta para enfurecer aún más el fuego de la creciente tensión social es que el presidente del gobierno se ponga a enumerar uno por uno los recortes (él los llama "reformas" o "ajustes") que va a llevar a cabo con una pasmosa normalidad y sin variar el tono de voz lo más mínimo en el dantesco espectáculo que supuso el debate sobre el estado de la nación, mientras en las calles de Madrid los mineros y los que se manifestaban junto a ellos recibían su "correspondiente medicina para cerrar la boca (excepto, claro está, que sea para celebrar eurocopas y mundiales)".

Si uno miraba las calles de Madrid y luego echaba un ojo dentro del Congreso pareciera que se trataba de dos países en dos situaciones completamente diferentes. Mientras en la calle las brigadas de antidisturbios cargaban, cual perros de presa mandados por el amo, contra las columnas de mineros que llegaron a Madrid y contra todo aquel que los secundara, convirtiendo el centro de Madrid en un polvorín en el que se respiraba el mismo aire de represión que en cualquier dictadura militar, en el Congreso de los Diputados, un sereno Mariano Rajoy enumeraba cada uno de los recortes que iba a llevar a cabo su gobierno como quien está leyendo la lista de la compra, siendo jaleado entre aplausos (y algún que otro comentario más propio de una reyerta callejera que de unas Cortes Generales) por la camarilla de defensores de la banca, la especulación, los defraudadores y los intereses privados en cada una de las pausas. El ambiente entre las filas del ala más rancia y reaccionaria del Congreso parecía festivo por momentos.
Quizás hubiese un buen motivo para tanto festejo, no eran ellos los que sangraban en las calles. Tampoco eran sus bolsillos los que iban a ser sangrados. No era su sanidad la que estaba en peligro. No era su sistema educativo al que estaban descuartizando. No eran sus sueldos ni sus pensiones a las que estaban pegando el hachazo. No son sus familias las que están pasando más dificultades en estos momentos.

Contra la represión: Rebelión

Cuando un gobierno llega al poder haciendo promesas "celestiales",  pero a  la hora de la verdad acaba ejerciendo en favor de las grandes oligarquías dominantes, se produce una profunda ruptura entre la casta política gobernante y el pueblo al que estos dicen representar, llegando éste último en consecuencia a sentirse engañado, utilizado, manipulado y ultrajado. En ese momento surge una creciente tensión y alarma social que va incrementándose exponencialmente con cada nuevo decreto de un gobierno que no tiene ningún escrúpulo a la hora de recortar en servicios públicos, pero que sin embargo sí que mantiene bastante cautela con las poderosas instituciones que casualmente les brindan más apoyo, como la Iglesia Católica, la banca, o la Casa Real.

Ante los continuos atropellos de los derechos laborales y civiles de los que son víctima los ciudadanos en favor del enriquecimiento de una porción muy pequeña de poderosos dirigentes, es inevitable que el malestar social se extienda rápidamente y que los ciudadanos empiecen a reflexionar y organizar planes de desobediencia y resistencia civil.

La minoría dominante, consciente del crecimiento de la alarma social, influye y utiliza su brazo político para legislar en su favor y criminalizar todo tipo de acción contestataria por parte de la ciudadanía. Además, utilizan su control mediático para legitimar estas actuaciones ante una manipulada opinión pública. Eso es lo que en este momento está sucediendo en España. El Partido Popular llegó al gobierno pregonando tener "la solución a la crisis", prometiendo la creación masiva de empleo para todo el mundo, y jurando y perjurando que no tocarían ni las ayudas para la dependencia, ni la sanidad ni la educación pública. Pero en esta pseudodemocracia ya estaba muy asentada la cultura de la promesa vacía, la de "regalarle el oído" al votante para conseguir su voto, y aprovecharse de esa soberanía una vez en el poder para moldear la ley al antojo de unos cuantos privilegiados, y por supuesto, para rapiñar de ese goloso pastel que es el dinero público.

Hace poco lo dijo uno de los diputados del Partido Popular: "Ya no estamos en campaña, es hora de decir lo que realmente pensamos." En alusión al mantenimiento de la sanidad y la educación universal, pública y gratuita, lo que tildó, nada más y nada menos, que de "utopía".

En otras circunstancias, digamos, de menor presión internacional y menos prisas, el gobierno actual habría introducido sus políticas de forma más suave, más progresiva, mientras que haría pequeñas concesiones para mantener conforme y calladito al populacho. Pero en el contexto actual, los únicos poderes a los que se doblega el gobierno del Partido Popular (los mercados, el FMI y el BCE) tienen un hambre voraz de recortes en políticas sociales y en derechos civiles, les urgen las prisas para conservar su posición dominante cuando estamos asistiendo al colapso del sistema capitalista a nivel global. En este contexto, las políticas feudalistas que exigen los mandamases del gran capital no pueden esperar, y fruto de ello tenemos en España, en solo 100 días de gobierno, una reforma laboral que solamente ha contado con el apoyo de los únicos beneficiados (los grandes empresarios), una reforma del sistema financiero absolutamente estéril, recortes abusivos en todos los sectores clave para el desarrollo y mantenimiento de la sociedad, entre ellos educación, sanidad y cultura, recorte en el presupuesto para políticas de creación de empleo (a pesar de repetir como loros que su mayor enemigo es el desempleo), mientras que los recortes en los sectores más privilegiados como la Casa Real, la Iglesia o Defensa son ridículos o sencillamente inexistentes.