Esto se puede observar con bastante claridad en estos días a causa del enorme revuelo mediático formado en torno al Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder del CUT-BAI, alcalde del municipio de Marinaleda y diputado por Sevilla en el parlamento andaluz, que hace unos días "tomaban" un Mercadona en Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), de los que extrajeron varios carros con artículos de alimentación para repartirlos a bancos de alimentos, acto por el que están siendo perseguidos por las fuerzas represivas del estado y objeto de un brutal asedio mediático de los principales medios del régimen.
Evidentemente, en estos medios lo que se remarca insistentemente no es la intención del acto ni su valor simbólico (cosa que importa más bien poco a esos medios y a las empresas que tienen detrás), sino la simpleza de lo que consideran un robo, un acto delictivo, en el que además ha participado una persona que ostenta un cargo público, lo cual está siendo utilizado como arma arrojadiza contra uno de los personajes públicos más molestos a día de hoy para los intereses de la oligarquía capitalista del país.
Ahora habría que analizar con más profundidad y rigor la motivación que hubo en la expropiación de alimentos a los supermercados, y compararla con la versión y la avalancha de adjetivos peyorativos que le han propinado los medios.
Los medios no han dudado en calificar la acción como "asalto" o como "robo con violencia", como quien hablaba de una banda de atracadores, cuando hay que aclarar que lo que el SAT pretendía llevar a cabo era una acción de desobediencia civil no violenta y que los únicos momentos de tensión que hubo tuvieron lugar cuando una empleada de Mercadona intentaba impedir que se sacaran al exterior los carros de alimentos, motivo por el cual se llevó un empujón. Sin más incidentes de importancia.
Todos los grandes empresarios, politicuchos de salón y portavoces de estos se escandalizan con este "acto de violencia", pero sin embargo les parecen correctas y hasta necesarias las brutales cargas policiales contra manifestantes que dejan decenas e incluso centenares de heridos, o el sitio de algunas localidades de Asturias y Castilla y León cual estado de guerra con motivo de las protestas de los mineros, con la Guardia Civil pateando puertas de domicilios particulares, sacando a la gente a rastras de sus casas y abriendo cabezas. Eso es violencia.
Posteriormente los medios han utilizado las lágrimas de impotencia de esta empleada de Mercadona para atacar y satanizar la imagen del SAT y de Juan Manuel Sánchez Gordillo frente a la opinión pública, convirtiendo a dicha empleada prácticamente en una mártir.
Pero ¿actuó correctamente esta empleada? Veámoslo.
A ojos del empresario, la actitud de esta empleada fue ejemplar al intentar impedir por la fuerza que una "banda de ladrones" se llevase productos sin pasar antes por caja, y con ello, el perjuicio para la empresa. Es posible que esta reacción de la empleada fuese meramente instintiva, pero también es posible que fuese por desconocimiento o falta de conciencia de clase.
Se podría entender coherentemente la reacción de la empleada si fuese propietaria en la totalidad o en parte de la empresa, pero esta empleada no era más que eso, una empleada asalariada, una trabajadora contratada para cumplir la labor de pasar por caja los productos y realizar el cobro a los clientes. Ni la empresa ni los productos que vende le pertenecen. Y seguramente no entrará en su contrato ninguna cláusula que la obligue a defender el negocio con su integridad física, por lo que en ese momento no estaba cumpliendo con su trabajo, pero así lo hizo, y fue aplaudida por ello por todos los medios conservadores y pro-capitalistas del país. La empleada de Mercadona tuvo la actitud que todo empresario desearía de sus asalariados: que se identifiquen con la empresa aunque ésta no les pertenezca lo más mínimo, aunque estén explotados y malvivan con sueldos que les da poco más que para subsistir.
Cabría preguntarse si la empresa daría la cara por esta empleada de la misma forma en que ella lo hizo y si los medios que tanto la han defendido se acordarían de ella si en un hipotético caso perdiera el trabajo, el banco le expropiara la casa y no tuviese dónde ir ni qué comer.
El caso es que esta trabajadora decidió defender los intereses de su amo aunque éstos fuesen diametralmente contrapuestos a los suyos (¿quizás por temor a represalias? ¿o quizás por esperar ilusamente que su actitud fuese valorada por la empresa?), y enfrentarse a personas de su misma clase, trabajadores, parados, gente humilde, que en un acto de rebeldía decidieron dar a la empresa una minúscula porción de su propia medicina por una causa noble y justa: proveer de alimentos a los más necesitados en unos tiempos en los que el umbral de la pobreza crece a pasos agigantados, con más de un millón y medio de familias con todos sus componentes en el paro y miles de niños padeciendo desnutrición.
Pero los medios pro-capitalistas ignoran estas razones, no porque las desconozcan sino porque a las empresas les importan más bien poco los acuciantes problemas sociales, y continuan insistiendo en lo único realmente importante para ellos: que les hicieron perder dinero, y como tal, lo reducen todo simplemente a un robo.
¿Pero es lo mismo robar comida que dinero? Los empresarios, los políticos y la prensa de derechas y los medios capitalistas en general pretenden simplificar la acción de robar comida (yo prefiero llamarlo expropiación alimentaria) como un simple robo, vaciarla de su trasfondo de emergencia social y hacerla pasar por un delito similar al de robar dinero o cualquier otro producto susceptible de ser usado para el lucro, es decir, para generar dinero. Pero de ninguna manera es lo mismo una cosa que la otra, principalmente porque los motivos que llevan a robar comida son muy diferentes de los que llevan a robar dinero. Cuando una persona roba comida lo hace generalmente por necesidad, porque esa persona o algún ser querido se encuentre en una situación de emergencia social y no le quede más remedio que hurtar la comida para poder sobrevivir, o en este caso, como una acción de ayuda solidaria a esas personas en estado de emergencia social.
En cambio, el que roba dinero está movido por unas pasiones mucho más bajas, que son las del lucro y el vicio, y no suelen ser personas socialmente necesitadas, pues no olvidemos que no sólo los atracadores roban dinero, también los grandes empresarios, los banqueros y la alta casta política lo hacen desviando fondos a paraísos fiscales o a empresas inexistentes, estafando a sus clientes o explotando a sus asalariados, por citar sólo algunos ejemplos. Este robo muy lejos de cometerse por necesidad se comete por la ambición de acumular capital y enriquecerse, y en este caso hablamos ya de miles de millones de euros. Lo que ocurre es que estos individuos suelen ser gente muy influyente o directamente tienen cargos en los gobiernos de turno, por lo que las leyes son adaptadas o aplicadas arbitrariamente para permitir este tipo de comportamientos sin que salgan a la luz pública, o sin que reciban nunca el castigo que merecen. Por ello no es raro ver en libertad a estafadores de la talla de Mario Conde, Iñaki Urdangarín o Francisco Camps.
Por tanto, las leyes no deberían ser tan vagas, superficiales y generalistas, pues aunque el acto sea el hurto, queda demostrado que no todos los hurtos tienen la misma motivación ni por supuesto la misma dimensión. No se puede tratar a los sindicalistas del SAT ni a Juan Manuel Sánchez Gordillo como a delincuentes por llevar a cabo una acción de rebeldía contra dos empresas que facturan beneficios de cientos de millones de euros al año y que son particularmente conocidas por su índice de explotación laboral y por la comida que desperdician. Se trataba de una acción que además estaba destinada a ayudar a los más necesitados y que en cualquier caso no supuso una expropiación superior a los 1000 euros en su valor total. ¿Desde cuando es Robin Hood el malo de la película?
Muchos continuan manteniendo la postura de que aunque la intención sea buena, un robo es un robo, el robo va contra la ley y por lo tanto no está justificado. Pero esa visión esta fuertemente influenciada por lo que la legalidad vigente considera o no delito. Y hay que reconocer que las leyes no siempre son justas, por lo que en numerosos casos en la historia de la humanidad los pueblos se levantaron precisamente contra la legalidad vigente para intentar mejorar sus deplorables condiciones, que habían sido mantenidas con el beneplácito de las diferentes castas dominantes. De no haber habido levantamientos contra la legalidad vigente en diversos momentos de la historia, puede que aún viviésemos en una sociedad dominada por los señores feudales, que en vez de ciudadanos hablásemos de súbditos, que no existiesen las libertades ni los derechos civiles o que la esclavitud siguiese siendo vista como algo normal.
Es por ello que debemos tener un pensamiento muy crítico a la hora de decidir si estuvo bien o no que el SAT expropiara alimentos de Mercadona y Carrefour.
Según la Constitución española, estamos en un estado de derecho, en el que los ciudadanos tienen derecho a una vivienda y un trabajo dignos, y por consiguiente, también derecho a comer dignamente. Pero no es un secreto para nadie que hay millones de personas en este país sin trabajo, muchos más aún sin un trabajo dignamente pagado, familias a las que los bancos expropian su casa diariamente, y que como consecuencia se encuentran también en una grave situación de déficit alimentario, por lo que podemos afirmar sin equivocarnos que la Constitución no es más que el papel mojado que el poder político y económico utilizan para legitimar su control y su monopolio sobre la soberanía popular.
En este contexto, como dice el artículo 35 de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre de 1793, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes. Así que, éticamente hablando, y dado que se trataba además de dos grandes empresas que exprimen a la clase trabajadora, la acción del SAT está plenamente justificada. Con todo, hay que aclarar que la acción del SAT fue un acto que, además de intentar ayudar a los más necesitados, pretendía dar un toque de atención a los gobernantes y destapar las miserias del sistema que impera en España. ¿Es delito expropiar a los expropiadores?
Claro que en un país como España, paraíso del choriceo y el enchufismo, la ética y los valores humanistas no salen rentables, por lo que a todo aquel que levante la voz a favor de una insurrección éticamente justificada se le criminalizará y se le perseguirá, aunque sea una insurrección de acción no violenta como la del SAT. Se les hará ver como a unos "apestados" que se niegan a adaptarse al sistema.
Mientras tanto, cualquier práctica para lucrarse, aunque sea a costa de los demás, aunque sea a costa de invadir y masacrar a otros países, será bendecida y utilizada como pretexto de "recuperación económica", pues a fin de cuentas eso es lo verdaderamente importante en el capitalismo: el dinero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario