Últimamente parece que escuchamos más que de costumbre ese concepto, propiedad intelectual, sagrada y absolutamente necesaria para unos; abstracta, confusa y contradictoria para otros.
¿Pero qué es la propiedad intelectual? ¿quiénes la tienen? y sobre todo, ¿quiénes la defienden?
Se supone que cuando un creador crea una obra, éste posee todos los derechos sobre esa obra, y al registrar la propiedad de la misma con una determinada licencia, entonces ese creador tiene la propiedad intelectual de la obra creada.
En este caso el creador de la obra es el único con absoluta potestad para decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con su obra.
Así aparecieron las agencias de protección de la propiedad intelectual, que vieron la luz con el supuesto propósito de hacer respetar la licencia de las obras registradas.
En España, la conocida agencia de protección de estos derechos es la Sociedad General de Autores y Editores, comúnmente conocida como SGAE.
Esta sociedad se convirtió en la institución principal a la cual todos los artistas, autores y editores en España tenían que asociarse para proteger sus obras contra el uso fraudulento de las mismas. A cambio esta sociedad recaudaba a los creadores (y a los consumidores) un impuesto por la protección de su obra. Y de este modo, la cultura pasó a convertirse en un negocio.
Pero con el avance de las tecnologías digitales y el boom de Internet parece que el jugoso negocio en el que se había convertido la propiedad intelectual empezaba a hacer aguas, ya que los consumidores comenzaron a disfrutar de obras registradas sin el previo pago de las mismas.
Ante esta situación, los amables chicos de la SGAE endurecieron su método para dedicarse a recorrer cualquier lugar donde quiera que haya un evento para tomar nota de las obras que se utilicen en él con el fin de exigir al organizador de dicho evento una cuantía económica en concepto de derechos de autor.
Pero la seriedad y las formas correctas son algo que se deja a un lado cuando de dinero se trata, y ante la influencia y el poder que han conseguido con su crecimiento, se permiten el lujo de extorsionar bajo amenazas "legales", porque además le ley les ampara.
