¿Cúantas veces hemos pedido los ciudadanos españoles la reforma de la Ley Electoral para precisamente hacerla más democrática?
¿Cuántas veces han pedido los ciudadanos de algunos pueblos del Estado referéndums para que se reconozcan sus derechos y su autonomía?
¿Cuántas veces un gran porcentaje de la población española ha pedido un referéndum estatal para poder elegir entre una república o una monarquía continuísta?
Se contarán por miles las veces que los ciudadanos han hecho estas peticiones, y siempre se hizo caso omiso, o, en el mejor de los casos, cuando se les contestó simplemente se les dijo que eso era imposible porque para ello habría que reformar la Constitución, algo que era impensable pues su texto era sagrado e intocable para las dos facciones del poder único impuesto en España.
Esa blasfemia que los ciudadanos pedían no podía ser escuchada porque para ellos "ponía en riesgo la legalidad democrática y el Estado de derecho", que traducido a sus verdaderas intenciones significaba perder todo o parte de los privilegios que les permiten lucrarse del Estado, así como el poder de hacer y deshacer cómo y cuando les venga en gana sin necesidad alguna de consultar más que a sus propios intereses.
Ante el gran chollo que supone ser político de un partido mayoritario en este país, los que están en el carro, que a su vez son los que agarran la sartén por el mango, no están dispuestos a atender a esas voces ciudadanas que venden como si fuera la luz que les guía cuando están en campaña electoral, porque en esta sociedad sin valores lo único que hace moverse al mundo son los intereses y nadie se va a comer los marrones de un país entero solamente por la vocación de ayudar... esa es una de las falacias más grandes de nuestra moderna y avanzada sociedad. Aquí las promesas, las esperanzas y las palabras bonitas se van con el viento cuando la campaña electoral echa el cierre. Se mercadea con las ilusiones de la gente, vendiendo las siglas de un partido como si de un producto comercial se tratase. El propósito es el mismo: sacar beneficio. Y como cualquier empresa que se dedique al lucro, ese es su objetivo principal, y no el ayudar de forma desinteresada al ciudadano. La solidaridad no es rentable.
Pero lo que si viene de los ciudadanos es considerado un disparate, si viene de los dueños del mundo se convierte en una orden ineludible de obligado e inmediato cumplimiento.
El eje franco-alemán que acaudilla la Unión Europea, bajo la dirección de Merkel y el bélico Sarkozy, estimó que era necesario fijar un techo máximo al gasto público para que, en términos financieros, los sagrados mercados (los únicos a los que es obligatorio tener siempre contentos) recuperen la confianza en la eurozona, esto es, a garantizar que los países de la Unión paguen religiosamente las deudas contraídas por la banca y los gobiernos. Y para convertir este hecho en ley ineludible, el eje exigió la introducción de ese techo para el gasto público en las respectivas constituciones de los países miembros, sobre todo de aquellos con mayores problemas de deuda, para lo cual habría que reformar dichas constituciones.
Dicho y hecho, el gobierno de nuestra pseudodemocracia ahora convertida en deudocracia, se apresuró a introducir los cambios en la Constitución, y para ello sólo precisó del voto a favor de la mayoría de la cámara parlamentaria (que está ocupada por los dos grandes partidos), olvidándose de que esa Constitución es del pueblo español, que fue refrendada en su momento por el pueblo mediante referéndum popular, y cuya reforma debía pasar obligatoriamente por un nuevo referéndum que no ha tenido lugar.
En vista de estos hechos, no cabe duda de que los ciudadanos no tenemos poder para decidir nada, que todo lo que se hace o se deja de hacer lo deciden las facciones del poder mayoritario, sin que para ello haga falta ninguna consulta popular. Que los ciudadanos podremos desgañitarnos pidiendo mejoras en las condiciones laborales, derecho a una vivienda y un sueldo dignos, derecho a una sanidad y una educación pública y de calidad... y los oportunistas que ocupan el poder harán como los que escuchan llover.
Eso sí, si la orden viene del eje franco-alemán, del Imperio yanki, o de los mercados, allí estarán los primeros para servir con inestimable lealtad a los dictados de sus señorías.
Y si el pueblo español no puede decidir sobre su propia Constitución, entonces, con perdón, ¿qué mierda de democracia es ésta? ¿dónde está esa modélica democracia con la que sus señorías pretenden dar lecciones a otros países?
Aquí todo se decide entre unos pocos, inclusive tratándose de cuestiones de interés popular nacional como la reforma de la Constitución, que visto lo visto solo está al alcance de unos pocos privilegiados. España es un país que no goza de ninguna soberanía. Hemos pasado de una dictadura de uno solo a la dictadura de unos pocos, con la diferencia de que antes no la disfrazaban de democracia.
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