Con esas palabras se pronunciaba el caudillo Franco a finales de la década de los 60 cuando por su obra y gracia nombró a Juan Carlos de Borbón su sucesor en la Jefatura del Estado, y continuador hasta la gloria y la eternidad del Movimiento Nacional, a cuyos principios éste último llegó a jurar lealtad en dos ocasiones, la primera de ellas, en 1969, con la ocasión aquí mencionada por su nombramiento a la sucesión en la Jefatura del Estado, y la segunda, en 1975, tras la muerte del tirano y ser coronado rey (una imagen vale más que mil palabras).Ni qué decir tiene que la decisión del dictador no respondió en ningún momento a ningún tipo de consulta popular o sondeo, esas cosas se estilaban bastante poco en el régimen franquista, ni por supuesto a la interpretación de ninguna constitución, básicamente porque en aquel entonces la última constitución que tuvo vigencia fue la de 1931, que el tirano abolió de forma inmediata tras la toma por la fuerza del poder en 1939 después de tres años de sangrienta guerra derivada del fallido golpe de Estado del 18 de Julio de 1936. No, la decisión del tirano fascista respondió sobre todo al deseo unilateral, personal e intransferible de sus venerables gónadas, o como se dice en mi pueblo, "porque le salió de los cojones", de que alguien válido, leal y fiable continuara su obra, y en el uso de su grandiosa y extraordinaria sabiduría eligió al sucesor que él mismo se había encargado de formar militar y políticamente para continuar con el mesiánico proyecto de la "grande y libre" que había iniciado en 1939 después de "salvar" a su amada patria de la amenaza del rojerío judeomasón.
Pues algo muy parecido, si bien con evidentes y variados matices, es lo que está a punto de ocurrir ahora, 39 años más tarde de la coronación de Juan Carlos de Borbón por decreto y expreso deseo de aquel que secuestrara la soberanía del Estado español durante casi cuatro décadas.
Una vez más, como ya se acostumbró durante la larga noche franquista, se pretende hacer de las decisiones trascendentales de Estado algo reservado únicamente a una reducida élite tecnócrata que son los que deciden lo que más nos conviene por nuestro bien. El hecho de hacer un recambio express de la Jefatura del Estado como se pretende hacer, desde arriba, a traición, con nocturnidad y alevosía, perpetúa en sus formas el caracter paternalista del Estado heredado de la dictadura franquista.
La noticia de la abdicación de Juan Carlos de Borbón sorprendió al común del populacho, que vive tras un oscuro velo que no deja ver lo que sucede en las altas esferas, pero hay otros para los que al parecer no sólo no era un secreto sino que podría haber estado pactado desde hace meses. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, de los dos partidos que sustentan el régimen, que son los que previsiblemente allanarán el camino para que el próximo 18 de Junio la Corona sea traspasada a Felipe de Borbón, sin sobresaltos y sin consulta popular que valga. Para ello se han puesto manos a la obra a toda velocidad para elaborar la Ley Orgánica que permita completar la abdicación y el traspaso de la Jefatura del Estado en apenas 15 días, lo que demuestra que para lo que interesa las cosas de Palacio no van tan despacio. Una lástima que no tengan la misma celeridad para otras cuestiones, como puedan ser evitar los desahucios o que no se produzcan muertes por falta de asistencia médica.
El hecho de que el monarca deliberase su decisión de dejar el trono solamente con los partidos mayoritarios del régimen, ignorando y ninguneando al resto de grupos del parlamento supone una gravísima falta de respeto hacia éstos y la enésima burla al sistema democrático de una institución que ha estado usando el parlamento como pantalla para su propia legitimación desde el primer minuto.
Por tanto, PP y PSOE, como principales caras visibles de este teatro pseudodemocrático y pilares fundamentales del régimen monárquico, estaban al tanto y han participado de la maniobra de Palacio, lo que no se sabía hasta ahora era la fecha de ejecución (aunque sí que debía ser en algún momento de este 2014), y aunque desde Zarzuela apuntan lo contrario, es muy posible que la decisión se haya precipitado debido, al menos en parte, a los resultados de las elecciones europeas, en las que como ya sabemos, ambos partidos sufrieron un duro correctivo en contraste con la espectacular subida de otras formaciones de marcado signo republicano.
Dicen los defensores del régimen monárquico que no cabe hacer un referéndum sobre la forma de Estado porque para ello, o bien habría que incumplir la Constitución, o bien habría que reformar la mitad de la misma, cosa esta última que es vista como un obstáculo insalvable pero que como pudimos ver con la reforma express para introducir en ella el artículo 135, por el que por encima de todo se le daba preferencia al pago de la deuda ilegítima a los bancos alemanes y franceses, no representaba un problema. De esa forma se introdujo en sólo unas horas una modificación en la Constitución que por ley debería haber sido aprobada por referéndum, violándose así de manera flagrante la soberanía popular, a sabiendas de que se trataba de una modificación que no contaba con respaldo popular, pero como el capital financiero es el que impone las normas del juego y había que satisfacerlos, pues se optó por modificar la Constitución a la fuerza, con el beneplácito de la Corona que ahora la prensa cortesana nos intenta vender como el garante de la democracia y la estabilidad social y política. Así las cosas, vemos como la casta dominante alude al texto de la Constitución sólo cuando beneficia a sus intereses, mientras que cuando es al contrario se ignora y se justifica con que "no siempre se puede seguir al pie de la letra", que es lo que viene a suceder con artículos como el 92 de la presente Constitución, y que dice así:
- Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
Otra cosa es hablar de voluntad política para realizar una consulta que éticamente estarían obligados a realizar, y desgraciadamente, tal como funciona el actual sistema político español, donde los únicos que votarían son los 350 escaños del Congreso de los Diputados, donde la mayoría absoluta la tienen los dos pilares fundamentales del régimen, está claro que, de voluntad política para realizar la consulta, no van precisamente sobrados.
Justifican esta falta de voluntad, además de por el temor a que el 'chiringuito' se les pueda venir abajo con la reforma del viejo sistema político, con que para convocar un referéndum que permita al pueblo elegir entre monarquía o república habría que emprender un largo y farragoso trámite burocrático en el que, primero, dos tercios del Congreso y del Senado tendrían que avalar una reforma constitucional que permitiese abrir un Proceso Constituyente; segundo, tendrían que disolverse ambas cámaras y convocar elecciones; y por último, las nuevas Cortes salidas de las elecciones tendrían que volver a votar la celebración del referéndum y obtener nuevamente al menos el apoyo de dos tercios del Congreso y del Senado.
¿Por qué este tortuoso camino para poder consultar la forma de Estado al pueblo? porque así lo establece el artículo 168 de la Constitución, que incluye este supuesto para aquellos que exigen una "reforma agravada" de la Carta Magna, y que, como puede comprobarse, fue elaborado en su momento para blindar a la monarquía ante cualquier cuestionamiento. Es decir, tal como dijo Franco, dejarlo todo atado y bien atado, pero esta vez con legitimidad constitucional.
Muchos son los que se han preguntado «por qué ahora», por qué Juan Carlos de Borbón decide que este era el momento preciso para abdicar, y no antes, o después. Como hemos comentado antes, el golpe de timón ya estaba planeado, no porque Su Majestad estuviese cansado de sus agotadoras tareas políticas, ni porque en su fuero interno fuese proclive a la abdicación, nada más lejos de la realidad. La abdicación ha tenido lugar porque la imagen pública de la Casa Real se había visto seriamente dañada en los últimos años por el estallido de los diversos escándalos que sus propios miembros propiciaron, como las cacerías de lujo del monarca en medio de una grave crisis económica y social, el yerno que desfalcó las arcas públicas (Iñaki Urdangarín está acusado de fraude, prevaricación, falsedad documental, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales), la más que factible complicidad de la Infanta Cristina de Borbón y de la propia Corona en el caso, y otros casos de corrupción asociados.
Todo este cúmulo de despropósitos ha tenido su lógica repercusión en buena parte de la opinión pública, cuya aprobación de la institución monárquica se ha ido erosionando a un ritmo acelerado cuando hasta no hace mucho la consideraban fiable (gracias también, y sobre todo, a la auto-censura y a las campañas de propaganda del régimen durante los últimos 39 años), y que se refleja en la nota que los ciudadanos dan a la monarquía en el barómetro del CIS, que alcanza un mínimo histórico.
Si el monarca no había abdicado antes era porque, además de poseer una nula empatía hacia la gente que malvive en este país y una nula capacidad de autocrítica real (recordemos que sólo nos enteramos de la cacería en Botswana porque había sufrido una lesión durante la misma, y no sería el primer caso), es porque los partidos mayoritarios del régimen, los que sustentan la Corona, son mayoría absoluta en el Congreso, y porque, con la ayuda de las campañas de propaganda, confiaba en poder levantar la maltrecha imagen de la monarquía.
No ha sido así, y para colmo ha visto cómo en las pasadas elecciones europeas los partidos que sustentan la monarquía han perdido una gran cantidad de apoyos. En vista de que el próximo año se celebrarán elecciones municipales, autonómicas y generales, y de la preocupante tendencia que ha tomado el voto en las europeas, era preciso dar un golpe de timón antes de la llegada de dichos comicios para salvar a la Corona ante una posible hecatombe electoral que dé mayor representación a las opciones republicanas, y ese golpe de timón consistía en "actualizar" la monarquía, eso sí, como en el medievo, siempre desde arriba, fuera del alcance de las masas y sin hacer preguntas, no sea que se equivoquen al elegir.
El proceso de recambio express de la Jefatura del Estado comenzó en el mismo momento en que Juan Carlos de Borbón le notificó su abdicación a Mariano Rajoy y a Alfredo Pérez Rubalcaba, y en ese mismo momento se puso en marcha a toda máquina el aparato propagandístico del régimen con la misión de lavar la imagen de la monarquía, ensalzar hasta extremos vomitivos la figura de Juan Carlos de Borbón, repitiéndonos una y otra vez el desgastado relato de su heroica hazaña del 23F, de lo "determinante" de su labor para traernos la democracia (qué corta es la memoria), de lo "imprescindible" de su figura para mantener la estabilidad política y social -porque al parecer sin el monarca estaríamos como caníbales comiéndonos unos a otros-, y por supuesto, omitiendo todos aquellos desafortunados episodios que pudieran hacer dudar de su integridad moral, al tiempo que se nos intenta vender a su hijo Felipe como "lo nuevo", la bocanada de aire fresco y de regeneración que necesita este país, es decir, cambiar la cara del primer funcionario del Estado, mediante Ley Orgánica que carecerá de cualquier debate popular, y apuntalar nuevamente a la monarquía para que todo se quede exactamente tal y como estaba, para que el poder político siga en manos de las mismas oligarquías. Algunas malas lenguas han comentado que a Felipe le hace falta "su propio 23F".
Entretanto, para meterle a calzador al pueblo del Estado español al nuevo rey necesitan de una extremadamente empalagosa adulación cortesana constantemente en los medios de comunicación, como medio para moldear una opinión pública nuevamente favorable a la monarquía, sin cuestionarse su origen ni la contradicción que subyace en el hecho de hacerla valedora de los principios democráticos mientras el propio Jefe del Estado no está sujeto a ningún tipo de elección democrática. Y además deben hacerlo en un tiempo record, porque en menos de un año llegarán las próximas elecciones municipales, y el porcentaje de gente que hoy suspende a la monarquía no juega en su favor, por lo que podemos esperar que la adulación cortesana de los medios del régimen sea más intensa y cansina que de costumbre, como demuestran portadas como la de El Correo de Andalucía en su edición del 9/06/2014. Para que luego hablen del culto al líder en Corea del Norte.
Tampoco se quedan cortos en El País, ese supuesto diario "progresista", que aunque apunta que «el 62% de los españoles quiere decidir "en algún momento" el modelo de Estado», indica en el titular que «una mayoría prefiere a Felipe VI que a un presidente republicano», y se alinea con el resto de grandes medios al omitir y silenciar las multitudinarias manifestaciones que se han dado en las principales ciudades del Estado, y hasta en el extranjero, exigiendo un referéndum y en favor de un Proceso Constituyente que nos lleve a una república desde que se conociese la noticia de la abdicación, como las que pueden verse en las siguientes imágenes:
Madrid
Barcelona
Valencia
Sevilla
Santiago de Compostela
Oviedo
Salamanca
Donosti
Bruselas
Berlín
Londres
Imágenes como estas, así como las campañas de firmas online pidiendo un referéndum no interesan a la institución monárquica ni a las redes clientelistas que la apoyan, por lo que son mayoritariamente censuradas o bien relegadas a un segundo plano en los grandes medios. La difusión "excesiva" de este tipo de información es un lujo que no se pueden permitir ahora que la monarquía vive sus horas más bajas, lo que nos permite confirmar, una vez más, que los grandes medios de comunicación de masas en España no son ni independientes ni objetivos, teniendo que ir a buscar la otra cara de la información en medios alternativos minoritarios, o a la prensa extranjera, claro. Sirva como ejemplo la comparación entre la noticia del diario 20minutos y la del diario ABC.
Pero a pesar de la brutal y agresiva campaña de propaganda y adulación real, está visto que no todo el mundo acepta la monarquía, no por lo menos sin haberla votado antes, y que los que piden una república no son la minoría que nos quieren hacer creer que son, lo que se une al caracter antidemocrático inherente a una institución tan anacrónica como la monarquía para no permitir, o en el peor de los casos, obstaculizar todo lo posible la celebración de cualquier tipo de consulta popular sobre la forma de Estado, aún a pesar de que, según una reciente encuesta de Metroscopia, un 62% de los españoles, monárquicos incluidos, se posicione a favor del referéndum.
Dice Mariano Rajoy que España es un país serio con una democracia seria, cosa que no deja de sonar con cierta sorna, porque si tan seria es nuestra democracia ¿cómo es posible que el Jefe del Estado sea elegido por "privilegio de cuna" en lugar de por el ejercicio universal de la democracia? Si tan seria es nuestra democracia ¿por qué se le niega al pueblo el derecho a expresarse democráticamente en cosas tan trascendentales como la forma de Estado? Debe ser que la participación ciudadana en la política le resta "seriedad" a la democracia.
Para otro día dejaremos el debate sobre el paradójico ejercicio del derecho al voto para votar en favor del continuismo monárquico, es decir, para que el Jefe del Estado lo sea por privilegio de cuna y no por elección democrática, lo que constituiría a todas luces un absurdo y soberano acto de incoherencia. Pero la democracia tiene también estas cosas, que a veces se pueden tomar decisiones incoherentes. Y lamentablemente aquí vamos demasiado bien servidos de incoherencia.
Sea como fuere, por más que nos sea negada la petición, y diga lo que diga la Constitución, un referéndum sobre la forma de Estado es plenamente legítimo y constituye la máxima expresión del espíritu democrático, y negarlo es negar precisamente este espíritu democrático del que tanto se jactan los dos principales partidos del régimen. Pero como ya hemos comentado aquí en tantas ocasiones, no debe extrañar a nadie que a pesar de las loas a la democracia que se hacen desde el poder político, se violen principios democráticos fundamentales, imponiéndose toda política desde arriba y a golpe de decreto. Para eso Franco lo dejó todo atado y bien atado, para que por muchas transmutaciones estéticas y funcionales que se le apliquen al régimen, nadie pueda cuestionar el poder de los de arriba.
También cabe aclarar que una república tampoco es un fin en sí mismo, la república no trae consigo automáticamente la solución al problema político, a la crisis económica ni a la emergencia social. Una república es sólo un medio, el primer paso hacia un nuevo proyecto de país construido plenamente sobre bases democráticas en contraste con la base anacrónica, elitista y antidemocrática de los privilegios de cuna de las monarquías. Pero como dijo Julio Anguita, la república no va a venir sola, hay que ir a por ella.
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