Del nuevo Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés), o más comúnmente el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, es algo de lo que se habla más bien poco en la totalidad de los medios de comunicación habituales, y es algo que no solo debería extrañar al común de los mortales, sino que debería alertarles seriamente.
A la mayoría de la gente que le puede sonar de algo el concepto del TTIP es porque alguna vez lo han leído en las redes sociales, pero pocos son los que realmente saben en qué consiste y qué consecuencias puede traer su aplicación, y la ignorancia al respecto se debe a la auto-censura que los medios ejercen sobre el asunto. Las negociaciones se están llevando bajo el más absoluto de los silencios, lo que hace sospechar que hay mucho que tapar, porque cuando los medios se han empeñado en "informarnos" de algo, como por ejemplo los pormenores de los gobiernos sirio, libio, venezolano o cualquiera que interese derrocar, no han faltado las sobremesas contándonos con todo lujo de detalles [solamente] aquello que "debíamos saber".
Las sospechas nos llevan a indagar, y lo que descubrimos es que los que desconfíamos de ese silencio impuesto no vamos mal encaminados, que el TTIP encierra políticas que no van a gustar a nadie, pero que "por el bien de la estabilidad económica es necesario aplicar", porque si la gente estuviese enterada de los detalles del mismo posiblemente se generaría una oleada de rechazo y protestas masivas que podría alcanzar magnitudes globales.
Pero ¿en qué consiste el TTIP?
El TTIP es un tratado de libre comercio que lleva negociándose en secreto desde Julio de 2013 entre los Estados Unidos y la Unión Europea, y que se pretende aprobar en 2015 previa votación en el Parlamento Europeo y en los parlamentos de los países cuyas constituciones así lo establecen, en el que se propone eliminar las normas reguladoras y las barreras reglamentarias que inciden negativamente en los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales, crear un mercado libre de cualquier tipo de regulación y otorgar a dichas corporaciones un poder tan grande que de facto les permitiría imponer sus leyes por encima de las de los propios Estados.
Los negociadores de dicho tratado son miembros de la Comisión Europea y del Departamento de Comercio de Estados Unidos, pero donde también intervienen los lobbys o grupos de presión de las grandes compañías, y uno de sus primeros objetivos fue bloquear el acceso público a todos los documentos. Lo que indica que hay mucho que esconder.
¿Tanto? Más de lo que nos imaginamos.
Detrás del bonito discurso de la "profundización" de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea y de la "armonización" de las normas europeas y estadounidenses hay una batería de políticas dirigidas a burlar o "tomar por la fuerza" las soberanías populares, los derechos civiles y laborales básicos, y la constitución de los mecanismos legales para blindar a las grandes corporaciones transnacionales ante cualquier tipo de intervención por parte de los Estados. El sueño húmedo de los neoliberales.
Uno de los puntos de mayor controversia es el mecanismo por el cual se permite a los inversores estar al margen de la justicia y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje, que además a menudo están compuestos por abogados de las mismas empresas y que sólo pueden ser utilizados para que dichas empresas demanden a los Estados que legislen en contra de los intereses de las mismas, pero no al revés. Como ven, todo muy democrático.
¿Suena inverosímil? Sin embargo ya existen precedentes de este tipo de actuaciones. La aseguradora sanitaria holandesa Achmea ganó 22 millones de euros en un pleito contra el Estado eslovaco por supuesto "lucro cesante" cuando éste paralizó el proceso de privatización de la sanidad pública.
Más. Australia y Uruguay tuvieron que indemnizar a Philip Morris cuando estos países aprobaron legislaciones antitabaco más restrictivas.
La petrolera estadounidense Occidental Petroleum recibió 1.770 millones de dólares cuando Ecuador puso fin a un contrato por incumplimiento, y Canadá tuvo que pagar por una moratoria al fracking.
En vista de tales casos, de más está remarcar que para estas corporaciones los intereses económicos están absolutamente por encima de la salud pública, la estabilidad económica de los países o la preservación del medio ambiente.
Otro de los peores puntos que recoge el tratado es el que, por encima del principio de precaución que guía la legislación medioambiental europea, pretende establecer la doctrina estadounidense del "todo es bueno hasta que se demuestre lo contrario", por lo que se pretendería suprimir o "flexibilizar" las normativas sanitarias y medioambientales para que corporaciones como Monsanto puedan multiplicar sus beneficios en Europa, por lo que se podrían legalizar en Europa negocios tan polémicos como el de la venta de carne hormonada, o el de maíz transgénico, al igual que en Estados Unidos, y que en la Unión Europea están prohibidos por lógicas cuestiones sanitarias. Las consecuencias sobre nuestra salud y el medio ambiente podrían ser nefastas.
Tal como apuntó uno de los últimos editoriales del European Journal of Public Health:
«El TTIP amenaza importantes aspectos de los principios y protecciones existentes en la salud pública: desde el acceso a los medicamentos esenciales y a los servicios sanitarios hasta el control y la regulación del sector de la alimentación y los productos sanitarios. No se pueden ignorar las enormes consecuencias de una convergencia regulatoria, en EEUU domina una aproximación de libre comercialización hasta que la evidencia científica no demuestre su caracter nocivo, en la UE predomina el principio de precaución frente a nuevos productos. La diferencia es substancial.»
En materia laboral, por supuesto, la suerte no sería muy distinta, donde los derechos de los trabajadores se verían nuevamente atacados para equipararlos al modelo estadounidense, en el que se violan seis de las ocho normas fundamentales de la OIT. Aunque sus defensores alegan que facilitará la creación de empleos por doquier apelando a su lógica del "más comercio = más empleo", no hay que estar muy inspirado para concluir que en un tratado pensado para maximizar los beneficios de las grandes empresas, en lo último que se piensa es en las condiciones laborales de los trabajadores, puesto que gran parte de esos beneficios salen del abaratamiento de los costes laborales, por lo que el tratado representa a su vez el perjuicio máximo para los derechos de los trabajadores. El TTIP facilita la deslocalización de las empresas, relaja las normativas laborales, y restringe derechos fundamentales de los trabajadores como el de huelga o el de sindicación. Y si a algún gobierno se le ocurriese en el futuro abordar alguna reforma para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las empresas. Hablar en este caso de la necesidad de la democratización de los centros de trabajo es una quimera, pues este tratado nos aproxima más una sociedad de trabajadores esclavos que a una justa y de valores igualitarios.
También es de una credibilidad muy dudosa el argumento de que al crearse mayor comercio se crearán millones de puestos de trabajo, pues nos viene a la memoria el proyecto ALCA, la zona de libre comercio de Estados Unidos, México y Canadá, con el que Bill Clinton prometió la creación de nada menos que 20 millones de puestos de trabajo y cuyo saldo fue la destrucción de 900.000 empleos en Estados Unidos. Por no hablar de que los defensores de este tratado solamente hablan de cifras, ignorando por completo el contenido de esas cifras, es decir, la calidad de los empleos que previsiblemente se crearían bajo el paraguas del TTIP.
A la inversa de las regulaciones medioambientales, sanitarias y laborales, se pretenden eliminar o "relajar" las normas estadounidenses que pueden suponer una restricción a la libre inversión [y especulación] de las grandes empresas. En Estados Unidos, tras la crisis, se estableció la llamada regla Vocker, similar a la Ley Glass-Steagall (establecida en 1933 tras la crisis de 1929 y abolida por la Administración Clinton en 1999), que regula la actividad de la banca comercial o de depósito: esta regla prohibe la comercialización de productos derivados tóxicos, limita los bancos too big to fail (demasiado grandes para dejarlos caer y que, por tanto, hay que rescatar con dinero público) y establece algunas regulaciones a las transacciones financieras. En Europa esta regulación no existe y los lobbies europeos y el Gobierno alemán en nombre del sector bancario están presionando para eliminar la normativa estadounidense y suprimir cualquier tipo de restricción o regulación a la actividad de la banca financiera o de inversiones.
Con estas cartas sobre la mesa, queda meridianamente claro que los promotores del TTIP, lejos de buscar la fórmula para que el mundo pueda llegar a ser un lugar más justo, lo que buscan es exclusivamente el beneficio económico, junto a la creación del marco legal necesario para que sus privilegios queden blindados e intocables ante cualquier tipo de regulación, y por tanto, fuera de todo control democrático, ya que la política de los Estados se vería subordinada a los volátiles intereses comerciales de las corporaciones transnacionales. De aprobarse el TTIP, ni los valores democráticos, ni la defensa de los servicios públicos, ni el medio ambiente, ni la soberanía energética, ni por supuesto los derechos laborales estarían por encima de los intereses económicos de estas corporaciones, lo que en la práctica supondría que los procesos democráticos quedarían relegados al ámbito de lo meramente estético, ya que al final los que dictarían las normas son los consejos de administración y las juntas de accionistas que nadie tendrá la oportunidad de votar libremente, y que deben sus puestos únicamente al dinero que con el que han comprado sus parcelas de poder. Ese es su modelo de democracia.
Es por todo ello que luchar contra la corrupción, contra la impunidad, contra la injusticia, por una democracia real y participativa, por la conservación del medio ambiente, por la recuperación de las conquistas sociales, por el empleo digno y la igualdad social, significa obligatoriamente luchar también contra el TTIP, porque éste convierte a la democracia en teatros de cartón y a las Constituciones en papel pisoteado al que sólo se alude cuando alguien levanta la voz más de lo políticamente permitido.
Por todo esto es por lo que
Por eso es por lo que necesitamos de manera urgente que la gente se entere y tome conciencia de lo que se negocia a sus espaldas y por qué se negocia a sus espaldas, de la aberración antidemocrática que es el TTIP, y de lo crucial de disponer de una masa social mayoritaria consciente e informada capaz de movilizarse ante tamaño ataque a la soberanía popular, alimentaria, energética, a la salud pública y a la protección social.
Fuentes:
El Diario: Tratado de Libre Comercio UE-EEUU: un sueño neoliberal, una pesadilla democrática
Punts de Vista: El TTIP y sus maniobras en la oscuridad
Público: Las multinacionales escaparán al control político con el Tratado de Libre Comercio UE-EEUU
El Confidencial: El acuerdo secreto que se negocia en Washington y que hará inútil tu voto
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