Como ya muchos probablemente sabrán (y otros tantos probablemente no), el próximo Martes 21 de Diciembre, está previsto que el órgano ejecutivo del Gobierno español, presidido por el PSOE, junto con el apoyo de otros grupos influyentes del hemiciclo como PP, PNV o Coalición Canaria, apruebe la llamada "Ley de Economía Sostenible", proyecto que encierra una de las leyes más antidemocráticas conocidas en el proceso de la democracia española, todo un atropello a la libertad de los ciudadanos, la conocida como "Ley Sinde".
Básicamente, la Ley Sinde lo que hace es proporcionar al Gobierno el poder de censurar y hasta cerrar páginas web enteras sin una orden judicial, pudiendo así proceder con total impunidad a eliminar de la red todo aquello que considere inoportuno y perjudicial para sus intereses.
Los defensores de esta ley se escudan en que su propósito es combatir y eliminar la piratería a través de Internet, pero mucho más allá de eso, lo que se intenta impedir es la libre circulación de información, que en las últimas semanas ha causado el tambaleo del Gobierno de los Estados Unidos a través de las filtraciones de los cables diplomáticos publicados por WikiLeaks.
Precisamente nos enteramos de que esta ley no nace de la voluntad del pueblo español, sino que la embajada de Estados Unidos, como venía haciendo desde hace tiempo, ha presionado al Gobierno español para desarrollarla y aprobarla en el Parlamento, obviando el derecho de voto de los ciudadanos y pisoteando la soberanía nacional. Es decir, es una imposición del Gobierno de los Estados Unidos.
Visto el nada agradable hecho para la diplomacia norteamericana de las filtraciones de información "altamente confidencial" llevadas a cabo por WikiLeaks, al Gobierno de los Estados Unidos no le interesa que exista una red en la que la información circule libremente, pretenden una red sumisa y controlable, que sea útil para manipular información en favor de sus propósitos y convencer así a la población. No quieren que la gente comparta información, no quieren que sepamos quién mueve realmente los hilos, no quieren que sepamos cómo unos cuantos se enriquecen empobreciendo al resto de la población. Quieren una red sometida a sus intereses desde la que vendernos su "Estado del Bienestar", ocultando información que la gente "no tendría por qué saber", y manipulando tanta información como sea necesaria para limpiar su imagen pública y legitimar así actos criminales y de dudosa ética que beneficiarán al conjunto de "peces gordos" que pretenden someter al mundo bajo su yugo.
La Trinchera del Infierno quiere mostrar su rotundo y firme rechazo a la Ley Sinde, a la imposición de leyes por parte de potencias extranjeras, así como a toda acción que pretenda, de forma directa o indirecta, de forma clara o encubierta, recortar las libertades de los ciudadanos y someter a éstos al dominio de las clases oligárquicas.
El derecho a la información es un derecho civil básico.
La transparencia informativa es absolutamente necesaria para el desarrollo de la libertad y el progreso, para el desarrollo de una verdadera democracia.
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