Regulación del aborto de Gallardón: ¿más seguridad para las mujeres o simple reaccionarismo?

Fue una de las reformas anunciadas por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, poco después de la llegada al poder del PP, una de las "reformas estrella" que el gobierno tenía preparada para cuando obtuviese el margen de manga ancha en el parlamento: reformar una Ley del Aborto aprobada por los fariseos socialistas que atentaba vilmente contra el derecho a la vida, que daba rienda suelta al libertinaje y que resultaba un peligro público contra la seguridad de las mujeres (!¿?).

Aunque los que ya tenemos calados a la gente y los gobiernos del PP sabíamos sobradamente de este tipo de medidas que lesionan el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, mucho antes de las últimas elecciones generales (no en vano ya se posicionaron diametralmentre en contra de la aprobación de la hasta ahora vigente Ley del Aborto), no es desde luego el tipo de reforma con la que hacer marketing para ganar votos, porque en todo caso este tipo de reformas solamente es defendida por el sector más conservador, tradicionalista y fervorosamente católico del electorado, insuficientes para obtener una mayoría absoluta en el parlamento. Por eso, reformar la Ley del Aborto para arrancar a las mujeres el derecho a decidir sobre su maternidad (en territorio nacional) era una de esas medidas que cuanto menos se airease públicamente hasta que llegase el momento adecuado, mejor.

Dice el señor Gallardón para defender su reforma que hay una "violencia estructural" que es la que obliga a las mujeres a abortar, dicho de otro modo, que se dan situaciones de embarazos no deseados y que alrededor de estas mujeres se genera un clima de presión que les violenta el derecho a ser madres, haciéndolas las únicas responsables del conflicto. En palabras del señor Gallardón, la reforma tiene como finalidad la protección del derecho reproductivo "por excelencia" de la mujer.
Según dice, "vamos a defender el derecho y la dignidad de la mujer como uno de los derechos fundamentales que es el derecho a la maternidad", ya que "ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social".

Estas palabras que a priori suenan muy bonitas esconden las verdaderas intenciones que hay detrás de la reforma. Pero además el análisis de Gallardón hace aguas en todos los puntos. Primero, al presuponer que todas las mujeres quieren ser madres por el hecho de ser mujeres. El señor Gallardón parece confundir el derecho a ser madre con la "obligación" de serlo, puesto que el punto principal de la reforma es que las mujeres ya no podrán abortar de manera libre y gratuita como hasta ahora, salvo en el caso en que el embarazo entrañe un verdadero riesgo tanto para la madre como para el bebé, o que éste tenga lugar en circunstancias violentas como pueda ser una violación. En este punto estamos hablando del retorno a la Ley de Supuestos de 1985, ley que, dicho sea de paso, ya criticaron airadamente desde Alianza Popular (predecesor del PP) en aquel entonces.
La hasta ahora vigente Ley del Aborto supuso el aumento de la libertad y capacidad de decisión de las mujeres en torno a su maternidad, por lo que si éstas, por las razones que fuesen, no lo veían conveniente, tenían la opción de interrumpir de manera libre y gratuita su embarazo.

Después, Gallardón falla también en el análisis de lo que él define como "violencia estructural", de la que dice que las mujeres son víctimas pero que en lugar de otorgarles a éstas mayores derechos que las amparen frente a esa "violencia estructural", lo que hace precisamente es recortarles los derechos que tenían, quitándoles la capacidad de decisión sobre su maternidad y pasando a ser el Estado en última instancia el que decide si una mujer debe o no interrumpir su embarazo. En estas circunstancias el señor Gallardón, en conjunción con lo más casposo y reaccionario de la Iglesia Católica, pensaría que el derecho al aborto libre daría lugar a una espiral de libertinaje que convertiría al aborto en una especie de macabro festival sacrílego contra la vida humana. Pero sin embargo no fue así. Según las estadísticas se produjeron menos abortos cuando éste pasó a ser libre y gratuito que cuando no lo era, y este es el punto central en el que falla el análisis del señor Gallardón: el tener el derecho libre de abortar no significaba que se obligase a nadie a abortar.

Pero a pesar de la incontestable prueba que dan las cifras, los círculos más reaccionarios, entre los que se encuentran el Partido Popular y la Conferencia Episcopal Española, niegan la demostrada actitud responsable de las mujeres en lo referente a su maternidad y, anclados en su pensamiento inmovilista, toman la tradicional actitud paternalista ejercida durante siglos por la Iglesia Católica, en cuyo caso, el ministro Gallardón estaría introduciendo a calzador una moral religiosa en un Estado definido como aconfesional por la Constitución vigente y que cuenta con la oposición sistemática de los defensores de los derechos de las mujeres.
Gallardón habla de lo injusto que es convertir a las mujeres en las únicas responsables de los conflictos que las llevan a abortar, pero sin embargo, al lesionarles a éstas su derecho a decidir, precisamente se las está convirtiendo en culpables de antemano. He ahí una de las principales contradicciones de su discurso.
Como el mismo Gallardón ha admitido, la reforma "no se distancia de lo que ha sido el discurso tradicional del PP respecto a la defensa de la vida y los derechos de las mujeres", el mismo discurso tradicional con el que se opusieron al derecho al divorcio, al uso del preservativo, al uso de células madre para la investigación científica, o al matrimonio entre homosexuales.

Otra de las más flagrantes contradicciones aparece cuando dice que "ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social", porque precisamente por el contexto económico, laboral y social actual, del que el PP es uno de los directos responsables tanto por acción como por omisión, la mayoría de mujeres, sobre todo las de las clases más humildes, se ven obligadas a renunciar a la maternidad porque no disponen de los recursos necesarios para poder criar y dar la educación adecuada a un niño. A no ser que la idea del señor Gallardón sea la de que en dicho caso, como antaño, sea la Iglesia la que se ocupe de la educación del niño en vistas a formar las nuevas generaciones de "personas de bien". En todo caso no dejaría de tratarse de una medida coactiva. Ya se intentó algo similar durante el franquismo, por lo que no sería del todo descabellado pensar en esa opción tratándose de los herederos del franquismo.

Siguiendo con el conflicto laboral, y por tanto, económico y social, Gallardón dice trabajar para la integración sociolaboral de las mujeres embarazadas, para garantizar que se evite cualquier tipo de discriminación. Cosa que tampoco se cumple, pues la maternidad sigue sirviendo como excusa para rescindir contratos laborales. Para muestra nos sirve el reciente caso de la famosa trabajadora de Mercadona que hace un año pretendía impedir la extracción de carros de alimentos por parte de los sindicalistas del SAT, ¿os acordáis? Pues precisamente esta misma empleada ha sido recientemente despedida por cogerse la baja por maternidad.
Mucho tendrá que cambiar el pensamiento del gran empresario español por excelencia para que esto deje de ser así, y la reforma laboral del PP no facilita ni mucho menos las cosas, ya que ésta prácticamente define al trabajador como mercancía para el patrón.

Tampoco deja de ser contradictorio que en el PP se aferren al "derecho a la vida" para justificar lo que a todas luces es una imposición reaccionaria mientras por otro lado defienden sin titubeos unas criminales políticas económicas por las que se desahucia a miles de personas de sus casas, se obliga a la mayor parte de la población a vivir en unas condiciones paupérrimas y además se les carga a sus bolsillos la cuenta de una deuda generada por sus propios amiguetes, generando con todo ello una vorágine de injusticia social que convierte la vida de los humildes en una dura penitencia, por no hablar de la defensa de las acciones militares que precisamente lesionan el derecho a la vida en los puntos del mundo que señale la OTAN. La hipocresía está servida.

Analizados los puntos principales que el señor Gallardón esgrimía para justificar la reforma de la Ley del Aborto, podemos concluir que la intención, muy lejos de proteger a las mujeres, es imponerles a éstas las directrices morales de la Iglesia Católica, de forma autoritaria y unilateral (curiosamente acusaron de esto al PSOE cuando aprobó la Ley del Aborto), sin ningún tipo de referéndum, porque cuando el señor Gallardón habla del "derecho a la maternidad" realmente quiere decir "obligación de maternidad" -como Dios manda-, en un intento de materialización de lo que ellos consideran debe ser la buena sociedad cristiana. Pero sólo los reaccionarios entienden que la sociedad cristiana deba estar fundamentada en el patriarcado y en la imposición de las decisiones personales, como la maternidad, por parte de una "élite iluminada". Franco estaría orgulloso.

Además, cabría recordarle al señor Gallardón, que la mujer que no tenga los recursos económicos para pagarse, como antes, un viaje a Londres para que le practiquen el aborto ni tampoco para criar y mantener a un niño, abortará aquí de forma clandestina y en unas condiciones que sin duda entrañarán un gran riesgo para la propia vida de esa mujer. Y ellos lo saben, pero para la moral reaccionaria lo importante es guardar las apariencias del "divino orden cristiano".