Ante el clima de tensión y descontento general cada vez más notorio entre el grueso de la sociedad española en el contexto actual de crisis capitalista que ya se extiende por 3 años en el tiempo (y lo que aún le queda), se ha visto cómo un partido que era reelegido en la última legislatura se ha visto empujado a adelantar las elecciones generales, cómo han empezado a surgir movimientos de ciudadanos descontentos e indignados con esta farsa que nos han vendido como "Estado del Bienestar", cómo las huelgas y las manifestaciones contra el poder político empiezan a hacerse cada vez más frecuentes, y cómo partidos más minoritarios y "radicales" han empezado a ganar simpatía entre la ciudadanía.
En el mismo contexto hemos podido comprobar cómo en otros países de Europa, la crisis no sólo se ha llevado por delante a cuanto gobierno se encontraba a su paso sino que además ha permitido la entrada a los diversos parlamentos a representantes de partidos hasta ahora inéditos y que incluso en algunos casos podrían ser considerados como "subversivos" por la élite dominante, como es por ejemplo el caso del Partido Pirata en Suecia. En otros casos, como el de Letonia, el cambio ha sido tan radical que el pueblo ha votado para que los comunistas vuelvan al gobierno tras 20 años de capitalismo y especulación bancaria desde la disolución de la Unión Soviética, incluso tratándose de un sistema parlamentario basado en el modelo occidental.
Ante la escalada de partidos y movimientos que enfrentan al capitalismo y a la socialdemocracia utilizando su propio sistema parlamentario, en España, cuya élite dominante no ha perdido ojo a lo que sucedía en los distintos puntos de Europa, decidió que había que idear un modo de frenar esta escalada antes de que pudiera llegar a comerles terreno en sus propias instituciones, y esa idea fue la LOREG (Ley Orgánica del Régimen General Electoral), impuesta por los partidos dominantes del arco parlamentario español, con ausencia total de referéndum popular, como ya es costumbre, y cuyo texto cita que aquellas formaciones o partidos que no hubiesen obtenido representación parlamentaria en la legislatura anterior y que quieran presentarse a las próximas elecciones, deberán conseguir un 0,1% de avales de los ciudadanos por cada circunscripción a la que vayan a concurrir. Sin ese 0,1% de avales, el partido en cuestión no podrá presentarse a las elecciones en esa circunscripción.
Detrás de ese "marco legal" se esconde la pretensión de discriminar y eliminar de la participación política a los partidos minoritarios, los cuales esperaban arañar en estas elecciones un número record de votos a causa del descontento general con los principales partidos del régimen.
Impidiendo la concurrencia de estos partidos a las elecciones se pretende obligar al ciudadano a votar entre las pocas y generalmente malas opciones que deja la representación parlamentaria, o en el "peor" de los casos, a que se registre una alta abstención que beneficiará igualmente a los partidos mayoritarios, esos mismos que mantienen la Ley d'Hondt y que se niegan a reformarla para que esta democracia sea realmente democrática, mientras dan lecciones de democracia a otros países del mundo.
En todo caso, la LOREG fue impuesta para blindar y mantener el dominio parlamentario de los dos grandes partidos que gobiernan en el actual sistema.
Y en este contexto es digna también de mención la persecución de la que algunos colectivos están siendo víctimas por la arbitrariedad y la descrecionalidad en la aplicación de la reforma de la Ley Electoral, tanto por parte de la Juntas Electorales como del propio sistema judicial, como es el caso del PCPE (Partido Comunista de los Pueblos de España).
Este partido ha tenido que presentar hasta un total de seis recursos electorales contra la no proclamación de sus candidaturas en Girona, Barcelona, La Coruña, Zaragoza, Madrid y Ciudad Real que cubren una amplia diversidad de sentencias de la más variada orientación ante situaciones idénticas. En los casos de Girona y Zaragoza, el Juzgado de lo Contencioso procede directamente a proclamar la candidatura, mientras que en Madrid se deniega sin ninguna argumentación la petición de nulidad del acuerdo de la Junta Electoral Provincial. En La Coruña se ordena a la Junta Electoral Provincial a abrir un plazo de subsanación de 48 horas admitiéndose la presentación de nuevos avales en sustitución de los supuestamente defectuosos.
En todos estos procedimientos judiciales, la fiscalía ha adoptado criterios de lo más contradictorios, a favor de la demanda en unos casos y radicalmente en contra en otros.
Tampoco ha estado exenta de arbitrariedad la actitud de las Juntas Electorales Provinciales, admitiéndose en unos casos la presentación de avales nuevos, mientras que otros se denegó este derecho.
Igual comportamiento se detectó en las Oficinas Provinciales del Censo Electoral, habiendo éstas procedido a la anulación de avales que no tenían ningún tipo de reparo en varias ocasiones.
Pero, además, en muchos casos no se facilita el listado detallado de los
avales anulados, haciendo constar el motivo de su anulación, creando,
así, una situación de total indefensión.
Por no hablar de la constante vigilancia y presión policial que sufren varios miembros del partido, bajo la acusación de la ya tan cacareada "apología del terrorismo".
Todo esto deja en claro que nuestro paraíso democrático no es tal, que la disidencia en el actual sistema se persigue y se reprime, y la información se censura y se manipula al más puro estilo de una dictadura, y además se la maquilla para crear un escenario que parezca y nos haga creer que realmente vivimos en una democracia modélica, una democracia en la que el ciudadano sólo cuenta para echar una papeleta cada 4 años, en la que su voto no vale lo mismo para un partido que para otro, en la que el ciudadano no tiene absolutamente ningún poder de decisión ni en la vida política ni en la económica, y en la que sus esperanzas de progreso se reducen a una hipoteca de 40 años, a interminables jornadas de trabajo explotadas (el que las tenga), a miserables sueldos que en el mejor de los casos rondarán los mil euros, y viviendo siempre encadenado a los bancos.
Si una democracia define que el poder es ejercido por el pueblo, se equivocaron estrepitosamente (o intencionalmente) en llamar así a este teatrillo de tercera, porque estos buitres no conciben otra democracia que la de sus carteras, no quieren ni oír hablar de ese esperpento caótico irrealizable llamado "democracia participativa" en la que el pueblo con su voto pueda decidir directamente sobre las cuestiones políticas y económicas del Estado, porque no, porque ellos piensan que no somos lo suficientemente "adultos" y "responsables" como para decidir por nosotros mismos, y resulta curiosamente contradictorio que sí nos consideren responsables para elegirlos a ellos como gobernantes...
Evidentemente no van a defender un modelo de democracia que les quite poder en detrimento del populacho, esto no es permisible, ya no para los acomodados políticos de los partidos mayoritarios, sino para las entidades financieras que gobiernan realmente a través de ellos, sometiéndonos a su régimen de especulación y deudas soberanas.
Ellos lo llaman democracia, pero a efectos prácticos no se le parece ni a años luz. Yo prefiero llamarlo por el nombre bastante más acorde de dictadura del capital o plutocracia.
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