Hacia las 2 de la tarde del día de ayer, 9 de Febrero de 2012, se conocía el fallo del Tribunal Supremo de Justicia sobre el encausamiento al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al que se ha condenado a nada menos que a 11 años de inhabilitación para la carrera judicial por un supuesto delito de prevaricación.
El enjuiciamiento del único letrado español que ha tenido lo que había que tener para investigar y juzgar los crímenes de la dictadura franquista (fusilamientos, torturas y desapariciones forzosas, entre otros muchos), aparte de destapar los pufos de la mayor trama de corrupción de la era post-franquista (caso Gürtel), algo que desde fuera de nuestras fronteras se ve como algo inaudito e incomprensible, expone a las claras el caracter reaccionario, cerril y corrupto de la justicia española, heredera del franquismo más rancio y retrógrado.
Primero fue acusado de prevaricación, delito que según los entendidos en materia judicial es el más complicado de demostrar en un tribunal pero que sin embargo parece que en el caso del juez Garzón estaba "muy claro", porque el tribunal entiende que el juez ordenó unas escuchas, que por otra parte sirvieron para destapar buena parte de la trama de corrupción Gürtel, y que él no tenía jurisdicción para ordenar dichas escuchas.
Poco importa, visto lo visto, que esas escuchas sirviesen para destapar la trama de corrupción más grande y más sangrante de la historia reciente de España y descubrir a varios de sus implicados, para el Tribunal Supremo lo importante era que Garzón no debía haber metido ahí las narices.
